CDMX.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que Banca Afirme libere más de 123 millones de pesos cobrados por Next Energy, los cuales deben ser reincorporados a las arcas del gobierno del estado de Baja California, luego de una orden judicial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Rebeca Valle Hernández diputada federal por el distrito quinto en Tijuana, expuso que el recurso fue cobrado por la institución financiera como pago a la firma Next Energy, quien durante la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, sería la encargada de construir una planta fotovoltaica en Mexicali.
“En ese entonces se acordó que en once meses se concluiría la obra y que la empresa Next Energy sería la encargada de adquirir todos los permisos federales. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Mexicali como la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Energía no otorgaron los permisos necesarios a la empresa”.
Detalló que la suma exacta es por $123,773,010.95 (ciento veintitrés millones setecientos setenta y tres mil diez pesos 95/100 m.n.), al aclarar que la Secretaría de Energía es la entidad que ejecuta la política energética del país, por tanto, corresponde al nivel federal implementar esta política pública y no a los estados ni a los municipios.
Abundó que Next Energy nunca entregó la Manifiestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece que ante la falta de cumplimiento de la empresa y por la ausencia de los requisitos más importantes para la construcción del proyecto de la planta fotovoltaica, relativos a la MIA y a las opiniones favorables del CENACE y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el proyecto fue inviable.
En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito ordenó la suspensión definitiva, de dicho proyecto, precisó.
Lanzó el llamado a la institución bancaria para que regrese el recurso económico que les pertenece a los bajacalifornianos, y resalto: “nuestra gobernadora, en un acto de transparencia, honradez y congruencia con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Baja California, requiere de nuestro apoyo político para que ninguna institución bancaria vuelva a realizar ningún tipo de leguleyas para beneficiarse a costa del dinero del pueblo”.