LA PRUEBA ES EL CASO DE LA NIÑA ABANDONADA EN UNA HIELERA
EL SILENCIO DE LOS “DEFENSORES” DE LOS NIÑOS
SERGIO ANZURES
Día con día mujeres son asesinadas en Baja California y este repunte ha sido muy significativo en los últimos meses.
La revictimización de las fallecidas por parte de las instituciones y de la comunidad en general ha sido recurrente para despresurizar la presión social que ejercen algunos grupos en defensa de la mujer.
La vinculación de estas mujeres asesinadas con relaciones sentimentales peligrosas, amistades incomoda e involucramiento en actos ilícitos, son las frases más comunes en la revictimización institucional y el juicio moral que la sociedad hace a través de las redes sociales sin conocer las causas de los hechos.
Las familias de las mujeres asesinadas además de sufrir el dolor de la pérdida, deben soportar el juicio moral que instituciones y usuarios de redes sociales desbocan en sus comentarios como si esto verdaderamente contribuyera a solucionar el problema de raíz.
Este efecto es parte de lo que implica la revictimización social.
Pero ¿qué se puede decir de una menor que es encontrada muerta en el interior de una hielera, el domingo pasado en la avenida Las Torres de la colonia el Pípila?
¿Acaso la sociedad debe permanecer inerte, pasiva y solo a la escucha de lo que vayan a revictimizar en sus comentarios personas irresponsables e insensibles de la comunidad en general o del sector gubernamental?
De acuerdo a la información preliminar del servicio médico forense la niña previó a su muerte presentó complicaciones al respirar, se habla de una posible neumonía, más no ha sido determinada la causa de la muerte con exactitud.
Hecho por demás irresponsable de los médicos legistas que a pesar de haber transcurrido más 72 horas aún no tengan con precisión lo que causó la muerte de la niña.
Sin embargo, en este hecho por demás reprobable, los médicos legistas afirmaron que la menor presentaba lesiones en su cuerpo, desnutrición severa y parálisis cerebral, dos aspectos distintos entre sí pero que lastimaron o vulneraron el crecimiento o desarrollo de la menor en vida.
Es evidente la clara omisión y descuido de quienes fueron responsables de cuidarla y pudieran ser responsables de su abandono y muerte.
La menor quien se decía tenía dos años y posteriormente se hablaba entre 5 y 10 años fue localizada en el interior de una hielera el pasado 30 de agosto del presente año, en El Pípila, y presentó lo que médicamente llaman síndrome de niño maltratado por sus lesiones en su cuerpo y características de abandono y omisión de su cuidado.
Una situación que sin duda conmociona e impacta a la sociedad por la forma tan cruel y desgraciada de abandonar su cuerpo en una hielera, sin embargo, tal parece que no pasó nada.
Pocas son las expresiones de grupos de la sociedad civil por este indignante y reprobable caso.
La autoridad aún no ha dicho si la menor pudo haber sido abusada pero tan solo imaginarse su incapacidad para poder luchar, defenderse o resistirse genera una rabia contra quienes hayan cometido su muerte y abandono y merecen ser castigados con todo rigor.
La sociedad debe reconocer que existe una descomposición social muy grave en Tijuana.
Tan grave puede ser que representaría una estado de putrefacción de ciertos sectores de la sociedad con los que día con día se convive.
La sociedad no puede permitir estos actos en donde a nadie parece importarle, ni a los grupos de defensa de mujeres, ni a los funcionarios públicos, mucho menos a los políticos u organizaciones que atienden a niños y niñas con discapacidad. Pareciera a nadie importarle la muerte de una niña lastimada por su propia condición física, mental y abusada a través del maltrató y terror de quienes cometieron esta acto inhumano.
Por su parte el sector gubernamental solo anuncia la posibilidad de lanzar una alerta de género en Baja California como una acción apresurada, prematura e improvisada sin contar con políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y niñas y niños.
Mal pensados podemos resultar que esta acción sea una posibilidad de contar con un mecanismo para bajar recursos económicos de la Secretaría de Gobernación y usarlos para otras cosas ante la falta de una estrategia contundente que verdaderamente proteja a las más vulnerables en este momento.