*Señalan en red de corrupción al senador Jaime Bonilla, al alcalde de Tecate Darío Benítez
Antonio Heras
Mexicali
Los contratos de la empresa Fisamex representaron una red de corrupción que usó al agua como método de extorsión y se realizaron cobros indebidos por 1 mil 800 millones de pesos, señaló el diputado Diego Echevarría, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
En esa red de corrupción se involucra a empresa y funcionarios por la contratación ilegal que derivó en delitos de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, uso indebido de facultades y usurpación, además de daño patrimonial.
Entre los servidores públicos señalados de formar parte de esa red de corrupción se encuentran el exgobernador Jaime Bonilla y el actual alcalde de Tecate Darío Benítez.
Con base en un informe de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), señaló en conferencia de prensa que esta empresa no debió contratarse y menos por adjudicación directa al existir el personal suficiente y capacitado en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, organismos operadores del agua en la entidad.
Fisamex recaudó durante los dos años de administración de Jaime Bonilla, primer gobierno postulado por Morena en la entidad, 1 mil 810 millones de pesos, de los cuales en juicios se impugnaron 239 millones de pesos.
Según el informe de la ASEBC ya se devolvieron 56 millones de pesos por resolución judicial, de los cuales 55 millones corresponden a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) la que firmó convenios de pago de otros 47 millones de pesos por cobros indebidos.
De estos montos considerados en la sentencia judicial, Fisamex no ha entregado a la administración estatal el 20 por ciento que cobró por comisión, monto que supera los 20 millones de pesos.
El informe considera que la empresa Fisamex no debió contratarse para recuperar supuestos adeudos de el servicio de agua a empresas y comercios de la entidad
Entre las irregularidades se señala que incumplió con el objeto de contrato toda vez que personal de la empresa estaba obligado a realizar trabajos en campo pero se limitaron a estimar los supuestos adeudos en hojas de Excel.
La ASEBC consideró que tampoco se justificaba la contratación de esta empresa bajo el rubro de la supuesta «alta confidencialidad» que debió de tener los organismos operadores del agua cuando existe personal capacitado y especializado en ese tipo de cobras.
Quién deba agua deba pagarla pero no debe de enriquecerse en forma ilícita a través de cobros y del ilegales, dijo el panista.
En esos contratos se omitieron las fianzas de garantías lo que permitió que una vez que se cobraba el supuesto adeudo a empresas y comercios se le entregaba el porcentaje a esta empresa.
A partir de la auditoría del máximo órgano de fiscalización del estado se dio vista a la Secretaría de Honestidad y Función Pública para que le diera seguimiento ante la presunción de delitos e irregularidades administrativas, señaló la diputada Alejandrina Corral, presidenta del GPPANE, quien agregó que por ley están obligados a denunciar ilícitos y a trabajar la SHyFP y los Órganos Internos de Control del gobierno estatal.
Esta empresa tenía domicilio fiscal en Tijuana pero una vez que concluyó la administración de Bonilla Valdez realizó un cambio a Hermosillo en un departamento donde no hay absolutamente nadie, comentaron.
La diputada Amintia Briceño dijo que entre las cuentas públicas de 2020 se detectaron cobros indebidos y daño patrimonial de los órganos operadores del agua de los cuales solo se aprobó la cuenta pública de la CESPM